Es de gran preocupación el traslado efectuado  el día 28 de agosto de 2012 de los alumnos universitarios alojados en el Establecimiento Penitenciario N° 9 de esta ciudad, ubicado a dos cuadras de la Ciudad Universitaria, hacia el E. P. N° 4  ubicado en la localidad de Monte Cristo  a más de 25 Km. de distancia. Esta situación  vulnera el derecho a la educación consagrado no solo en la Constitución Nacional, sino también en la ley 24660, y en la ley provincial 8878. Por tal razón y habiendo comunicado nuestra preocupación a Jueces de Ejecución y a las Autoridades del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba, quien tiene un compromiso con esta Universidad Nacional de Córdoba -según establecen las leyes marco del Tratamiento Penitenciario (24660)[1], Ley de Educación (26.206) y los convenios firmados entre la Universidad y el SPC (años 1998 y 2011)[2]-, para garantizar la continuidad de los estudios, es que nos hemos constituido en un “Comisión de defensa a la educación en la cárcel” para realizar las acciones pertinentes en esta situación..

Esta Comisión conformada por miembros de la comunidad universitaria – estudiantes, profesores, egresados y programas de extensión universitaria-  encomiendan a las autoridades de esta casa, intervenga para propiciar una mejor respuesta que la dada por el SPC, de viajes diarios,  los que ya sin dudas, empiezan a mostrar sus  inconvenientes: de horarios, de transporte,  de alimentación, de dinero, entre los más acuciantes. Entendemos  que lo más adecuado es reabrir un  alojamiento semi-abierto que de cumplimiento efectivo a la finalidad de la inserción social de quienes están en la fase final de la condena.